Un breve análisis
El 25 de junio se publica en méxico el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad PNTEPD 2021-2024, la segunda ocasión en la cual se cuenta con el programa que la Ley General de Inclusión para Personas con discapacidad, atribuye elaborar e instrumentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS.
En la anterior administración federal el programa fue publicado para el periodo 2014-2018 , y le significó inicialmente al gobierno mexicano, un señalamiento positivo en las Observaciones finales sobre el informe inicial de México sobre la implementación de la CDPD, en septiembre del 2014 aunque los resultados acerca de la participación económica de las personas con discapacidad posteriormente reflejados en las encuestas de dinámica demográfica 2014 y 2018 (Cuadro 1.) o, respecto al mismo sector de población, los informes sobre pobreza 2010-2018 del CONEVAL.
Los resultados en el Censo de Población y Vivienda 2020, muestran una situación nada distante de los datos previamente mostrados (Cuadro 2.), sin dejar de considerar que el momento censal se ubicó en marzo, es decir aún no se transitaba por la actual pandemia, con el conocido impacto en el incremento de personas en situación de pobreza, la cual guarda una correlación estrecha con la discapacidad.
El siguiente vínculo permite descargar ambos cuadros en formato PDF:
Mis observaciones
Con un panorama de una persistente exclusión de las personas en la participación económica, redacto a continuación algunas observaciones que considero preocupantes en un programa que tiene la pretensión de abordar la problemática actual y sentar los precedentes en la materia, para los próximos sexenios.
a. Consulta ante personas con discapacidad y sus organizaciones.
La CDPD, establece en el artículo 4 la obligación de los estados parte a realizar consultas estrechas y colaboración activa para la adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, el PNTEPD 2021-2024, ni su decreto de aprobación no refiere nada al respecto.
b. Aprovechamiento de la información del Censo de Población y vivienda 2020.
La forma de incluir la identificación sobre discapacidad en el CPV2020 conllevó el esfuerzo y activa participación de las Organizaciones de la sociedad civil y escucha activa por parte del INEGI, el resultado: contamos con información con un nivel de desagregación sin precedentes que a esta fecha debemos sumar valor por lo reciente de su elaboración.
Con ese antecedente es decepcionante que la riqueza de la información disponible no sea tomada en consideración para el diseño de instrumentos de política pública nacional en el ámbito de la discapacidad.
c. Inclusión de las personas con discapacidad en el sector público.
El citado informe de naciones unidas de 2014 observó la “ausencia de mecanismos para hacer cumplir la cuota laboral del 3% en el sector público”, aspecto señalado por la Ley General de Inclusión para incluir en la elaboración del programa, y compromiso establecido en el artículo 27 de la CDPD. Podemos establecer, con fundamento constitucional en el articulo 1, que el estado esta obligado a la contratación, en tanto que el sector privado, al menos por ahora solo esta incentivado, a través de la apelación a la responsabilidad social, el reconocimiento de acciones y algunos estímulos como descuentos al impuesto sobre la renta, o sobre la nómina en algunas entidades del país.
Otro concepto para incluir en el programa según el mismo artículo 27, como concepto, y en conjunto con el empleo con apoyo, constituyen parte de las necesarias intervenciones para facilitar la participación económica de personas con discapacidad cuyos desempeños se aleja de los estándares que imperan en una economía predominantemente competitiva y que deja a estas personas, en desventaja inclusive respecto a otras personas con discapacidad.
e. Instancias participantes.
El programa es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el apartado de instancias participantes se observa la usencia de la mención específica del CONADIS; de igual forma ausente el Sistema Nacional DIF, particularmente por el hecho que muchas de las agencias laborales para la integración de personas con discapacidad y adultos mayores que operan en concordancia con la estrategia Abriendo Espacios, protagónica en el diseño del PNTEPD 2021-2024 son operadas por sistemas estatales o municipales DIF. Pero quizá la mayor ausencia, en la búsqueda de una acción de mayor trascendencia, está en la Secretaría de Economía, y posiblemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la búsqueda y establecimiento de acciones puntuales e diseño de incentivos para la inclusión.
Construir un sistema laboral donde tengan cabida las personas con discapacidad, sin lugar a duda exige un esfuerzo mayúsculo que implica el destino de recursos, que tiene con toda seguridad, un costo menor al costo social de la exclusión social a la que millones de personas con discapacidad están sujetas.
f. Solo mecanismos y estrategias ya instrumentadas.
Como ejemplo, se plantea fortalecer la vinculación laboral para personas con discapacidad a través de la estrategia Abriendo Espacios. Esta estrategia, sitúa su inicio entre los años 2000 y 2002 en el seno del Servicio Nacional de Empleo, en esa época, se carecía de información acerca de la participación económica de las personas con discapacidad, por lo cual el diseño de la estrategia respondía a una lógica predominantemente casuística, en términos rústicos, se hacia lo que se podía y con lo que se tenía, sin saber si era mucho o poco.
Como ejemplo consulté hoy, 28 de junio, el portal Abriendo Espacios y encuentro que anuncia 905 plazas disponibles en el portal, para personas con discapacidad y personas mayores, si consideramos la tasa de participación económica y los datos del CPV 2020, podemos estimar que aproximadamente 3.5 millones de personas con discapacidad, mayores de 15 años están fuera de esa participación, la mayor parte de ellas mujeres.
En México, aún conservamos una amplia presencia de un diseño institucional, elaborado y puesto en marcha antes de la década del 2000, cuando se carecía de información estadística y un enfoque de derechos humanos, constitucionalmente establecido. Si aspiramos a un cambio, si esperamos resultados distintos, necesitamos acciones diferentes.
g. Accesibilidad.
Un tema prácticamente ausente en las acciones a abordar, pese a ser la principal problemática observada por las personas con discapacidad, según la Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2017. Conocidos también los pendientes para incorporar criterios específicos con enfoque de diseño universal en normas de competencia de la autoridad, como la NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, Instalaciones y áreas en los centros de trabajo, observado en el informe especial sobre el derecho a la Accesibilidad de la CNDH en 2019, así como en la recomendación de modificación de la misma norma, por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C. FCARM, en el 2020.
Otro caso, la necesidad de actualizar el criterio de aplicación de estímulo fiscal que plantea el artículo 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sobre la deducibilidad de las adaptaciones que se realicen a instalaciones orientadas a facilitar el acceso y uso de las personas con discapacidad.
En el mismo ámbito de la accesibilidad, la necesidad de precisar, en el contexto del derecho laboral, el concepto de ajuste razonable, no solo por ser un pendiente de las observaciones del Comité especial de Naciones Unidas del 2014, sino por ser este un aspecto clave a considerar como obligación patronal y derecho del trabajador para lograr un entorno laboral seguro y adecuado para algunas personas con discapacidad.
h. Diseño del programa y sus indicadores.
En la estructura resultante del programa, no se observa el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, la cual, según el artículo 10 de la Ley General de Inclusión, debe ser empleada para el diseño de políticas públicas, ¿y por qué es importante? De manera sucinta, en la CIF se establece de manera “técnica” el modelo social de la discapacidad, se precisan las dimensiones para valorar, o en el caso del diseño de políticas, intervenir para coadyuvar a la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad.
i. Metas e indicadores.
Amén de realizar un análisis más exhaustivo acerca de los dos objetivos prioritarios, seis metas y sus indicadores, me referiré a estos últimos en dos aspectos particulares. Considero importante observarlo pues los indicadores representan la forma de medir las metas que se proponen en un programa u acción gubernamental.
Pese a mencionarse en las acciones puntuales la promoción para el involucramiento de las personas con discapacidad en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no hay indicadores para medir esa intervención. Hay metas que plantean cambios más allá de lo magro, como la del pasar del 0.02% al 0.08% del 2021 al 2024 del porcentaje de centros de trabajo del SIEM, asesorados en temas de inclusión laboral y no discriminación para personas con discapacidad, a este ritmo me pregunto ¿Cuántos cientos de años tendrán que pasar para llegar al 100%?
Lograr la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad en la sociedad, implica sin lugar a duda discutir, pero sobre todo actuar en ámbitos prioritarios como el trabajo y el empleo, sin descontar cómo este tiene interacción con otros sistemas como la salud, la educación, el acceso a la cultura, y una lista que al menos debe incluir los derechos enunciados en nuestra Carta Magna y la CDPD. Toca exigir intervenciones que planteen un cambio verdadero, a través de una ruta retadora pero alcanzable, por la cual tengamos la certeza que cada semilla plantada será sombra para alguien cuando la promesa de ser árbol esté lograda.
Todo lo que se haga en materia de inclusión y discapacidad es importante, máxime si se trata de trabajo y empleo, un aspecto calve para tener acceso a oportunidades de desarrollo y ejercicio de libertades sustantivas, es importante el hecho mismo de poner en la mesa de discusión el tema, sin embargo, el diseño del PNTEPD 2021-2024 no permite suponer cambios que habrá estructurales en la forma en la cual se promueve la participación económica de las personas con discapacidad en México.
El programa en síntesis:
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2021-2024
Objetivos prioritarios con sus indicadores y metas
1. Fortalecer la Inclusión laboral de las personas con discapacidad
1.1 Porcentaje de personas con discapacidad que declaró falta de oportunidades para encontrar empleo.
META: Pasar del 30% al 28%
1.2 Porcentaje de centros de trabajo reconocidos con el Distintivo de Responsabilidad Laboral que emplean a personas con discapacidad
META: pasar del 2% al 8%
1.3 Porcentaje de centros de trabajo asesorados en temas de inclusión laboral y no discriminación para personas con discapacidad.
META: pasar del 0.02% al 0.08%
2. Impulsar acciones que favorezcan la empleabilidad en condiciones de trabajo digno de las personas con discapacidad
2.1 Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en un empleo o actividad productiva.
META: Alcanzar un 20%
2.1 Porcentaje de personas atendidas por la Red Nacional de Vinculación Laboral que tienen alguna discapacidad.
META: pasar del 20% al 21.5%
2.2 Porcentaje de personas con discapacidad que buscan empleo, colocadas a través de la estrategia Abriendo Espacios.
META: pasar del 20% al 23.5%
Referencias
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2021-2024
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018
Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Naciones Unidas 2014
Trabajo protegido: Conceptualización y abordaje en el marco normativo mexicano, Carlos Fonce, 2020
Población económicamente activa 12 años y más, MX, Carlos Fonce, datos CPV2020 Tablero de datos
Portal de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores
