Incluir en el empleo público: una obligación Constitucional
Según la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de manera particular los estados parte están comprometidos a incluir laboralmente a personas con discapacidad en el gobierno.
El comité de expertos en la más reciente Observación General CDPD/C/GC/8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y empleo, al referirse al empleo en el sector público, la necesidad de adoptar un “enfoque más riguroso con respecto a la inclusión” medidas como el establecimiento de cuotas, acciones afirmativas para promover la atracción, contratación, permanencia y ascenso de las personas con discapacidad. Señala la necesidad de una constante medición acerca del cumplimiento del compromiso adquirido, por parte de las autoridades públicas.
Desde que el estado se comprometió a un 3% de personas en la administración pública, los esfuerzos en la materia han sido escasos y poco articulados, las Observaciones Finales a los reportes Primero y Segundo y Tercero Conjuntos, han señalado la falta de precisiones normativas para propiciar la participación laboral de personas con discapacidad en el empleo público.
Por ejemplo, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2021-2024, fue omiso en una meta concreta enfocada en el rubro de fomentar el empleo en instancias públicas.
Datos disponibles acerca de la inclusión en el empleo público
Un aspecto positivo está en el ámbito de la información, En años recientes, se ha incorporado en distintos proyectos estadísticos del INEGI la consulta a organismos públicos acerca de la inclusión de personas con discapacidad en las filas del empleo público, en los tres niveles de gobierno:
Tableros de información:
Si quieres conocer acerca de la inclusión en organismos y dependencias del gobierno de tu estado visita: Inclusión y discapacidad en la administración Municipal CNGM2021
Si quieres conocer acerca de la inclusión en las administraciones municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX vista: Empleo público y personas con discapacidad en entidades del poder ejecutivo CNGE2023
En todos los proyectos la información se consulta a través del cuestionario no. 1. Estructura organizacional y recursos para estados y municipios, y el no1. Estructura organizacional, recursos humanos, control interno y anticorrupción para el gobierno federal. Las respuestas se refieren a las personas incluidas durante el ejercicio fiscal del año anterior.
En los tres cuestionarios, que son contestados por cada organismo del poder ejecutivo federal, estatal, así como de la administración municipal, en torno a la discapacidad se preguntan tres aspectos: 1. Como condición de la persona titular del organismo, 2. número de personas con y sin discapacidad desagregados en hombres y mujeres y 3. Basado en el criterio del Grupo de Washington las personas según la limitación en alguna actividad de la vida diaria también desagregado por hombres y mujeres.
Si bien la información resultante no se encuentra en los tabulados que el INEGI dispone en le micrositio de cada Censo, la información puede consultarse a través de la descarga de los Datos Abiertos correspondiente al cuestionario y preguntas correspondientes.
En cada nivel de gobierno y de manera general pueden los siguientes resultados:
En 2021, en organismos del poder ejecutivo federal se reportó un porcentaje del 0.65% de personas con discapacidad incluidas, de estas por cada 10 hombres fueron incluidas 12 mujeres.
En 2022, en organismos del poder ejecutivo estatal, ser reportó un porcentaje del 0.36% personas con discapacidad incluidas, de estas por cada 10 hombres fueron incluidas 9 mujeres
En 2020, En la administración pública municipal, se reportó un porcentaje del 0.96% personas con discapacidad incluidas, de estas por cada 10 hombres fueron incluidas 5 mujeres.
Si bien tenemos ya un primer bosquejo acerca de la inclusión y la necesidad de acelerar esfuerzos para incluir, la información presenta aun características que reflejan la necesidad de mejorar los procesos de información, por ejemplo:
En el poder ejecutivo de entidades, 2238 organismos y dependencias de los tres estados fueron consultadas, en la pregunta sobre mujeres y hombres con y sin discapacidad, 319 reportaron no contar con datos para responder. En entidades como la CDMX respondieron con valor de cero, de acuerdo con la experiencia es poco probable que sea así.
En algunos municipios se identifican porcentajes de inclusión de personas con discapacidad muy altos, por encima del 30% o 40% uno de ellos, Jilototlán de los Dolores, Jalisco, manifestó un 100% de personas con discapacidad, al igual que el caso anterior, basado en la experiencia, es poco probable que sea así.
Algunas conclusiones
La inclusión es un proceso continuo, implica entre otros muchos aspectos, mejores prácticas e instrumentos para identificar y cuantificar el progreso, máxime cuando se trata, como en el caso de la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, de mandatos Constitucionales en el marco de los derechos humanos.
Considero que las instancias públicas de los tres órdenes de gobierno están llamadas a conocer aplicar en sus registros administrativos de recursos humanos, los Lineamientos para captar, integrar y presentar información sobre población con discapacidad del SNIEG, publicados a fines del 2022 en el DOF, y en vigor a partir de junio del 2023.
En ellos se refiere considerar valorar la factibilidad de identificar el tipo y grado de limitación en la actividad con apego a la metodología del Grupo de Washington, uno de los criterios para valorar dicha factibilidad es considerar el apego a proyectos estadísticos como el caso de los censos de gobiernos, donde el marco conceptual para la discapacidad es justamente le metodología del Grupo de Washington.