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Imagen decorativa

Basado en datos de la Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2022, realizada a cabo por el INEGI, acerca de la población de 12 años y más con discapacidad que buscó información en el año anterior sobre algún trámite, servicios o programas de gobierno, se describe lo que estadísticamente sucedió por cada 100 personas.

De las personas que tuvieron problemas se relacionan, en cada caso, alguna de las cuatro dimensiones de la accesibilidad que son representadas en el logotipo de accesibilidad elaborado por la oficina de diseño de Naciones Unidas en 2018. Las dimensiones de la accesibilidad planteadas son: 1.la información, 2. los servicios, 3. tecnologías de la comunicación y 4. El entorno físico.


Personas con discapacidad que buscaron información


De cada 100 personas 36 no buscaron información y 64 si buscaron información

De las 64 que buscaron, 23 no tuvieron problema y 42 si tuvieron problema

De las 42 que tuvieron problema las razones que externaron, que pudo ser más de una se enlistan a continuación:

  • 13 Le niegan la información, no le explican: Información y servicios.

  • 9 Se les dificulta acudir a las oficinas (quedan lejos, necesita compañía, no hay transporte accesible): Entorno físico.

  • 7 Se les dificulta usar el equipo (computadora, cajeros automáticos): Servicios, tecnologías de la comunicación.

  • 6 Desconoce dónde buscarla: Información y servicios.

  • 5 Solo está en internet (carece de acceso): Información y tecnologías de la comunicación.

  • 4 Se le dificulta acceder a las oficinas (carencia de rampas, señalizaciones): Entorno físico.

  • 4 Reportan: Solo está por escrito (no puede leerlo o la letra es pequeña): Información.

  • 3 personas reportan: La información no está disponible en formato accesible (audio, lengua de señas, textos en Braille, etcétera): Información.

  • 3 personas reportan: Oficinas cerradas o trámites parados por la pandemia: Servicios

  • Una persona tuvo otro tipo de problemas.

Conclusión


Indicar en que dimensión de la accesibilidad recae cada problemática de quienes buscanon información, nos ayuda a recordar que el logro de entornos incluyentes para las personas con discapacidad implica aspectos; no menos importante que la eliminación de barreras en lo arquitectónico o en el transporte. Implica eliminar barreras en la información y comunicación, así como diseño, servicios y programas teniendo en cuenta, desde sus etapas mas tempranas de elaboración la heterogeneidad en la cual se manifiesta la diversidad funcional del ser humano.



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Texto con criterios de fácil lectura.

Problemas de las personas con discapacidad

para tener información.


Se preguntó a muchas personas con discapacidad.

sí buscaron información para hacer algún trámite

o para saber que se necesita para que el gobierno les ayude.


Un trámite es

cuando vas a una oficina del gobierno

y te piden papeles

para que te puedan dar algo.

Por ejemplo

la credencial de elector r



Algunas personas con discapacidad no buscaron información.

Muchas personas con discapacidad si buscaron información.

De las que buscaron información muchos tuvieron problemas.


Tuvieron problemas, por ejemplo:

  • Los edificios donde estaba la información estaban lejos

  • Los edificios no eran accesibles y era difícil entrar.

  • No les quisieron dar la información

  • No les explicaron la información

  • Las personas no sabían dónde buscar la información la información tenía letra muy pequeña, era difícil leer

Es muy importante que la información del gobierno.

sea fácil de conocer para todas las personas con discapacidad

Tabla en formato de imágen



Tabla en formato PDF








 
 
 


En el ámbito laboral, hablar de diversidad, equidad e inclusión implica reconocer que las personas no enfrentan las mismas condiciones para acceder, permanecer y desarrollarse en el trabajo. La diversidad permite visibilizar diferencias; la equidad exige medidas para corregir desventajas reales; y la inclusión obliga a transformar los entornos laborales para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.


Desde esa perspectiva, a propostio del 1º de mayo quiero poner sobre la mesa algunos datos para mirar el trabajo más allá del empleo. Hablar del derecho al trabajo implica preguntarnos quiénes logran participar en la economía, quiénes lo hacen en condiciones de desventaja y quiénes siguen enfrentando barreras que no dependen sólo de su voluntad individual. La participación económica no ocurre en el vacío: se cruza con la discapacidad, la pertenencia indígena —observada a partir de quienes hablan una lengua indígena—, la auto adscripción afromexicana o afrodescendiente, la diversidad sexo genérica, la escolaridad y la pobreza.



La gráfica se titula: “Tasa de participación económica de la población de 15 años y más en México según grupo poblacional, sin escolaridad y pobreza multidimensional”.

Compara 5 grupos poblacionales en México. Para cada grupo presenta 3 datos:
la tasa de participación económica, el porcentaje de personas sin escolaridad y el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional.

Población total:
La población total considerada es de 94 millones de personas.
Su tasa de participación económica es de 65.4%.
El porcentaje sin escolaridad es de 4.9%.
El porcentaje en pobreza multidimensional es de 30.1%.

Personas con discapacidad:
La población considerada es de 5.5 millones de personas.
Su tasa de participación económica es de 36.1%.
El porcentaje sin escolaridad es de 21%.
El porcentaje en pobreza multidimensional es de 32.9%.

Personas que hablan alguna lengua indígena:
La población considerada es de 6 millones de personas.
Incluye a quienes sólo hablan lengua indígena y a quienes también hablan español.
Su tasa de participación económica es de 65.4%, igual que la población total.
El porcentaje sin escolaridad es de 18.8%.
El porcentaje en pobreza multidimensional es de 66.3%, el más alto entre los grupos mostrados.

Población con autoadscripción afromexicana o afrodescendiente:
La población considerada es de 2 millones de personas.
Su tasa de participación económica es de 69.5%, la más alta entre los grupos mostrados.
El porcentaje sin escolaridad es de 5.4%.
El porcentaje en pobreza multidimensional es de 32.3%.

Población LGBTI+:
La población considerada es de 5 millones de personas.
Su tasa de participación económica es de 64.6%.
El porcentaje sin escolaridad es de 0.1%, el más bajo entre los grupos mostrados.
La gráfica no presenta dato de pobreza multidimensional para este grupo.

La gráfica que acompaña este texto reúne información de población de 15 años y más a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 y de las estimaciones de pobreza multidimensional 2024 de INEGI. Su propósito no es comparar realidades como si fueran equivalentes, sino mostrar cómo los datos permiten identificar brechas distintas: baja participación económica en algunos grupos, mayor pobreza en otros, y condiciones que requieren intervenciones públicas diferenciadas.


Antes de entrar al detalle, conviene advertir una tensión central:

Participar en la economía no siempre significa participar en igualdad.

Hay grupos cuya tasa de participación económica es similar o incluso superior a la de la población total, pero que enfrentan mayores niveles de pobreza. En otros casos, como el de las personas con discapacidad, la desigualdad aparece desde el acceso mismo al trabajo. Por eso, los datos no sólo describen una situación: también orientan la responsabilidad pública de diseñar acciones afirmativas, metas institucionales y políticas basadas en evidencia.


Discapacidad


En la población con discapacidad se observa un rezago persistente en la participación económica una tasa de participación económica de apenas 36.1% respecto a 65.4% de la población en general. La brecha es aún mayor si observamos la participación de las mujeres con discapacidad, la tasa apenas alcanza 28%.


Además, la brecha entre personas con y sin discapacidad ha sido persistente durante casi una década desde que tenemos registro, a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica ENADID 2014, 2018 y 2023, así como la referida en 2020 a través del CPV 2020

En este contexto, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad, previsto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, debe traducirse en acciones efectivas, medibles y sostenidas. No basta con la emisión formal de un programa; se requiere evitar que derive en un débil ejercicio, como ocurrió con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024


La gráfica compara la tasa de participación económica en México entre distintos grupos de población, con énfasis en la condición de discapacidad. Presenta datos de 2014, 2018, 2020 y 2023.

La línea superior representa a la población sin discapacidad. Se mantiene en niveles altos durante todo el periodo, cercanos a 65% o más. Aunque hay ligeras variaciones entre años, la tendencia general muestra estabilidad.

La línea correspondiente a las personas con discapacidad se ubica claramente por debajo. Su participación económica se mantiene alrededor de 36%, con variaciones menores a lo largo del periodo.

La gráfica también incluye desagregaciones por sexo dentro de la población con discapacidad. En ellas se observa que las mujeres con discapacidad presentan la menor participación económica, por debajo del promedio general de personas con discapacidad. Esto confirma que la brecha no sólo existe entre personas con y sin discapacidad, sino también al interior de la propia población con discapacidad.

El mensaje central de la gráfica es que la brecha en la participación económica de las personas con discapacidad ha persistido durante casi una década. Los datos no muestran un cierre sustantivo de esa distancia entre 2014 y 2023.
La baja participación económica de las personas con discapacidad, sumada al marco de derechos humanos aplicable, da evidencia de la necesidad de fortalecer acciones afirmativas.

Estas pueden incorporarse directamente en la legislación o establecerse como metas institucionales específicas, como ocurre en el Poder Ejecutivo de Guanajuato, donde se plantea alcanzar como mínimo un 3% de personas con discapacidad incluidas en sus dependencias y entidades.


Comunidades indígenas y afromexicanas


En el caso de la población que habla alguna lengua indígena, la gráfica muestra un dato especialmente relevante: aunque su tasa de participación económica es de 65.4%, idéntica a la de la población total, el porcentaje de pobreza multidimensional alcanza 66.3%, es decir, aproximadamente 120% superior al promedio nacional. Este contraste permite entender la relevancia de que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hayan sido incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de sus ejes transversales.


Es relevante reconocer que participar en la economía no significa necesariamente participar en condiciones de igualdad.

En estos grupos, el trabajo puede estar presente, pero no siempre se traduce en ingreso suficiente, seguridad social, acceso efectivo a derechos o movilidad social.


En el caso de la población afromexicana o afrodescendiente, la tasa de participación económica incluso supera a la población total; sin embargo, su porcentaje de pobreza multidimensional también es mayor. Esto obliga a mirar más allá del acceso al trabajo y preguntarnos por la calidad del empleo, las condiciones territoriales, el reconocimiento cultural, la discriminación estructural y la capacidad real de las políticas públicas para transformar esas condiciones.


Población LGBTI+


En relación con la población con OSIG LGBTI+, el punto más relevante es que ya se cuenta con un punto de partida de información estadística que permite dimensionar su situación y orientar intervenciones gubernamentales basadas en evidencia.  


Por ejemplo, la participación económica a la par del dato de baja escolaridad muestra condiciones más favorables que las de la población general, una tasa muy cercana a la población en lo general de 64.6% y significativamente mejores que los grupos de población de referencia. Los resultados de la ENDISEG permiten identificar ámbitos específicos de intervención, por ejemplo, en la población con OSIG LGBTI+ hay una mayor satisfacción de su situación económica respecto a la población con OSIG normativa, pero es lo contrario en cuanto a la Relación familiar.




A manera de conclusión


El análisis por grupos poblacionales es una convención estadística útil: permite ordenar la información, dimensionar brechas y orientar decisiones públicas. Pero la realidad es más compleja que cualquier categoría. En la vida concreta, la discapacidad, el género, la edad, el territorio, la pertenencia indígena, la orientación sexual, la identidad de género, la escolaridad, la pobreza y las redes de apoyo interactúan de formas distintas. Cada persona, en cada situación, es única e irrepetible.


Por eso, el desafío para quienes trabajamos en torno a estas poblaciones, desde el quehacer público, el activismo o la responsabilidad social, no es sólo producir diagnósticos correctos. Es convertir la evidencia en decisiones. No basta con nombrar la inclusión, medir la desigualdad o reconocer derechos en abstracto. La tarea es más exigente: diseñar políticas con metas verificables, sostener acciones afirmativas, remover barreras concretas y asumir que cada dato representa una vida que no puede seguir esperando a que la igualdad llegue por inercia.


Bibliografía


 
 
 

A proposito del 2 de abril, día internacional sobre la concienciación sobre el Autismo


En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, una reflexión entorno a lo que sabemos y lo que podremos saber para tener mejores politicas que conduzacan a la plena y efectiva participación en la sociedad


El Conjunto Básico de Preguntas del Grupo de Washington (GW ) se relaciona, en primer término, con dominios generales de funcionamiento —ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, autocuidado y comunicación— que fueron seleccionados porque son limitaciones básicas que con frecuencia se asocian con restricciones en la participación, es decir menores alcances respecto a la población en general.


 A partir de estas preguntas es posible observar brechas en el desarrollo y en el ejercicio de derechos, por ejemplo, en la educación, aunque sin identificar por sí mismas una condición de salud específica.


En ese marco, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede vincularse con los dominios de comunicación y recordar o concentrarse, y de manera variable con el autocuidado, porque ahí suelen reflejarse parte de las dificultades relacionadas con la comunicación social, la atención, la flexibilidad cognitiva y algunos apoyos para la vida diaria. En cambio, su relación es mucho menor con dominios como ver, oír o caminar, de modo que el instrumento permite dimensionar brechas funcionales generales, pero no identificar directamente el autismo ni describir de forma integral cómo se expresa en la vida cotidiana.


Gráfico de barras horizontales que muestra la población de 15 años y más en México, según nivel de escolaridad, diferenciando entre personas sin discapacidad y con discapacidad, así como por tipo de dificultad reportada en la vida cotidiana.

En la parte superior se comparan dos grupos:

* **Población sin discapacidad (75.1 millones)**: 3.0% sin escolaridad, 47.2% con educación básica, 26.1% con educación media superior y 23.5% con educación superior.
* **Población con discapacidad (5.67 millones)**: 21.0% sin escolaridad, 59.2% con educación básica, 10.7% con educación media superior y 9.0% con educación superior.

Debajo, el gráfico desagrega a la población con discapacidad que reporta mucha o total dificultad en distintas funciones:

* **Ver, aun usando lentes (2.5 millones)**: 18.6% sin escolaridad, 57.6% básica, 12.9% media superior, 10.8% superior.
* **Caminar o subir/bajar (2.75 millones)**: 24.5% sin escolaridad, 61.1% básica, 7.6% media superior, 6.7% superior.
* **Oír, aun usando aparato auditivo (1.27 millones)**: 29.8% sin escolaridad, 56.3% básica, 7.3% media superior, 6.6% superior.
* **Recordar o concentrarse (935 mil)**: 34.8% sin escolaridad, 53.8% básica, 6.5% media superior, 5.0% superior.
* **Autocuidado: bañarse, vestirse o comer (897 mil)**: 34.8% sin escolaridad, 53.8% básica, 6.5% media superior, 5.0% superior.
* **Hablar o comunicarse (614 mil)**: 44.3% sin escolaridad, 46.3% básica, 5.5% media superior y 3.9% superior.

El gráfico muestra que, conforme aumenta la dificultad funcional, especialmente en comunicación, recordar/concentrarse y autocuidado, **incrementa el porcentaje de personas sin escolaridad y disminuye la proporción con niveles educativos más altos**.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

Por ejemplo, a partir de lo anterior y basados en los datos de la población con discapacidad en México de 15 años y más y el nivel educativo, puede inferirse que las personas con TEA tenderán a alcanzar menores alcances en la educación inclusive por debajo del promedio de las personas con discapacidad, pues el menor desempeño lo tienen las personas con mucha o total dificultad para comunicarse en la vida cotidiana. Pera esta inferencia es sumamente precisa, pues esta manifestación de limitación en la vida cotidiana puede estar relacionada con otras causas.


Los datos censales capturados mediante el criterio del GW tienen limites, por ejemplo:


  • No se vinculan con condiciones de salud específicas.

  • Por ejemplo, no permiten identificar directamente poblaciones como el TEA.

  • En el caso de el TEA puede no incluir otras manifestaciones de mayor especificidad, pues el criterio del GW es una herramienta general de tamiz poblacional.

  • Muestran las brechas, pero son limitadas para explicar sus determinantes.


En el contexto de la salud, el TEA cuando se relaciona con la discapacidad, en los distintos mecanismos para acreditar la discapacidad en México, cuando en ellos se registra como condición de salud, ese registro no contiene información sobre el desempeño de las personas en su vida cotidiana, es decir el otros extrema de las estadísticas censales: tenemos el diagnóstico, pero el conocimiento de lo que le significa a persona en su vida cotidiana.


Por ejemplo, el trámite para Credencial Nacional de Discapacidad del Sistema Nacional DIF, -sin descontar el valor que ha significado para muchas personas para acreditar ante una autoridad su condición de salud-, el no registrar explicaciones de funcionamiento y no tener esa información sistematizada, ha sido parte de la explicación de la inexistencia de polítcias e intervenciones de salud publica en la materia, que fundamentalmente necesitan de información para poder ser establecidas.


El cambio de fondo


El Certificado Electrónico de Discapacidad (CEDIS), establecido en la NOM-039-SSA3-2023, permite integrar en un mismo proceso:

  • Datos personales

  • La condición o condiciones de salud manifestadas.

  • La experiencia cotidiana de la persona en relación con si condición de salud-

  • Barreras en el contexto en el que viven las personas.


A partir de su implementación, se habilitó en el Sistema Nacional de Información en Salud el Subsistema de Información sobre Discapacidad, configurando el primer registro nacional con enfoque en funcionamiento, alineado con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.

Esto, progresivamente abrirá una nueva etapa para la política pública, particularmente relevante en el contexto de intervención de condiciones complejas como el TEA, donde el reto no es solo clínico, sino profundamente social.


Ejemplos de acción pública que este sistema permitirá fortalecer:


  • Detección temprana y seguimiento del desarrollo, vinculando datos de funcionamiento con trayectorias educativas.

  • Servicios de rehabilitación y apoyos terapéuticos ajustados a perfiles reales de comunicación, interacción y autonomía.

  • Estrategias de inclusión educativa, como comunicación accesible, apoyos en aula y ajustes razonables.

  • Salud mental y apoyos a familias, considerando el entorno como factor clave.

  • Transición a la vida adulta y empleo con apoyo, con base en capacidades funcionales y no solo diagnósticos.

Los datos actuales permiten ver la brecha, el nuevo sistema permitirá entenderla para actuar en consecuencia.

Solo con una mejor comprensión acera de cómo se vive la discapacidad en la vida cotidiana es posible construir respuestas públicas que garanticen, en los hechos, el ejercicio pleno de derechos.


Bibliografía

  • INEGI (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico y tabulados sobre discapacidad. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

  • Grupo de Washington (2016). Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS). Disponible en: https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/

  • Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Ginebra: OMS.

  • Organización Mundial de la Salud (2023). Autism spectrum disorders (TEA): Fact sheet. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

  • NOM-039-SSA3-2023 (2023). Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA3-2023, para la certificación de la discapacidad. Diario Oficial de la Federación.

  • Secretaría de Salud (2024). Sistema Nacional de Información en Salud: Subsistema de Información sobre Discapacidad. Documentos técnicos y lineamientos operativos.

  • Organización de las Naciones Unidas (2007). Resolución A/RES/62/139: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

 

 
 
 
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