En 1925, el convenio OIT C017 sobre indemnizaciones del trabajo, ya planteaba una distinción respecto a las personas que, por un accidente y producto de ello requirieran de la asistencia constante de otra persona en la forma de una indemnización suplementaria. México se sumaria a la OIT en 1931 y ratificaría este convenio en 1934.
1975 desde Naciones Unidas se proclamó la Declaración de los Impedidos, — justo el año que yo nací, hace 47 años—, por supuesto ya México país fundador desde 1945, —año en el que nació mi papá—. Y en esa declaración se planteaba que para toda planeación económica o social se deberían tener en cuenta las necesidades de los entonces llamados impedidos.
México propone a la asamblea de Naciones Unidas la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el 2002, y desde su entrada en vigor, el 3 de mayo del 2008, hoy 186 son los estados parte, donde se reconoce desde un enfoque social y de derechos humanos qué es la discapacidad.
En ese inter, en el 2004 hago válido el boleto que todos traemos en la bolsa, y desde entonces participo en la vida como persona con discapacidad.
Hoy se sabe que la incapacidad es algo distinto a la discapacidad, que las personas no son impedidas por sus rasgos sino por la acción de las barreras de una sociedad donde apenas empezamos a comprender a la diversidad funcional como una manifestación, no electiva de la diversidad humana.
Y en todo este trance de tiempo, en México, ¿cómo se acredita que se requiere de ayuda para recibir esa indemnización suplementaria?, o qué para el ejercicio de mi autonomía requiero del apoyo de otra persona o animal, ¿cómo la autoridad pueda aplicar un criterio de equidad en la conciencia que el criterio para valorar mi condición es el mismo empleado para cualquier persona?.
Más aún, cómo tomar en cuenta nuestras necesidades para toda planeación de cualquier aspecto en la sociedad?, claro tenemos información estadística de censos y encuestas, pero ¿de donde se obtiene información de la discapacidad como un hecho vital?.
La respuesta es que, en México, pese a toda esta larga historia, hasta hoy no había sobre la mesa ningún instrumento destinado a homologar —en todo el país— el proceso y criterio para obtener un documento para acreditar la discapacidad, y lo aún vigente es un concierto poco afinado de múltiples maneras de hacerlo, de formas que no dialogan entre sí, y de las cuales es limitada y en muchos casos nula, la posibilidad de obtener algún análisis útil de la información recabada.
En el año 2019 tuve la fortuna de sumarme al grupo de trabajo donde se llevaba a cabo el esfuerzo nacional de algo que hoy tenemos el primer producto tangible y da cuenta de lo que puede resultar del diálogo y puesta en común de visiones de sociedad y gobierno.
Hoy en el Diario Oficial de la Federación aparece para dar inicio al periodo de consulta el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA3-223 EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD.
La ruta aún es larga y seguramente vendrán retroalimentaciones, mejoras y retos para poner en marcha este esfuerzo que sin lugar a dudas será un hito para las personas con discapacidad en México.
Ya casi, mi Carlos. Felicidades por tu participación.
Cristian sin h.