Diversidad, Equidad e Inclusión: algunas reflexiones sobre el trabajo y las brechas que todavía no cerramos
- Carlos Fonce

- 2 may
- 5 min de lectura

En el ámbito laboral, hablar de diversidad, equidad e inclusión implica reconocer que las personas no enfrentan las mismas condiciones para acceder, permanecer y desarrollarse en el trabajo. La diversidad permite visibilizar diferencias; la equidad exige medidas para corregir desventajas reales; y la inclusión obliga a transformar los entornos laborales para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
Desde esa perspectiva, a propostio del 1º de mayo quiero poner sobre la mesa algunos datos para mirar el trabajo más allá del empleo. Hablar del derecho al trabajo implica preguntarnos quiénes logran participar en la economía, quiénes lo hacen en condiciones de desventaja y quiénes siguen enfrentando barreras que no dependen sólo de su voluntad individual. La participación económica no ocurre en el vacío: se cruza con la discapacidad, la pertenencia indígena —observada a partir de quienes hablan una lengua indígena—, la auto adscripción afromexicana o afrodescendiente, la diversidad sexo genérica, la escolaridad y la pobreza.

La gráfica que acompaña este texto reúne información de población de 15 años y más a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 y de las estimaciones de pobreza multidimensional 2024 de INEGI. Su propósito no es comparar realidades como si fueran equivalentes, sino mostrar cómo los datos permiten identificar brechas distintas: baja participación económica en algunos grupos, mayor pobreza en otros, y condiciones que requieren intervenciones públicas diferenciadas.
Antes de entrar al detalle, conviene advertir una tensión central:
Participar en la economía no siempre significa participar en igualdad.
Hay grupos cuya tasa de participación económica es similar o incluso superior a la de la población total, pero que enfrentan mayores niveles de pobreza. En otros casos, como el de las personas con discapacidad, la desigualdad aparece desde el acceso mismo al trabajo. Por eso, los datos no sólo describen una situación: también orientan la responsabilidad pública de diseñar acciones afirmativas, metas institucionales y políticas basadas en evidencia.
Discapacidad
En la población con discapacidad se observa un rezago persistente en la participación económica una tasa de participación económica de apenas 36.1% respecto a 65.4% de la población en general. La brecha es aún mayor si observamos la participación de las mujeres con discapacidad, la tasa apenas alcanza 28%.
Además, la brecha entre personas con y sin discapacidad ha sido persistente durante casi una década desde que tenemos registro, a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica ENADID 2014, 2018 y 2023, así como la referida en 2020 a través del CPV 2020
En este contexto, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad, previsto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, debe traducirse en acciones efectivas, medibles y sostenidas. No basta con la emisión formal de un programa; se requiere evitar que derive en un débil ejercicio, como ocurrió con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024

La baja participación económica de las personas con discapacidad, sumada al marco de derechos humanos aplicable, da evidencia de la necesidad de fortalecer acciones afirmativas.
Estas pueden incorporarse directamente en la legislación o establecerse como metas institucionales específicas, como ocurre en el Poder Ejecutivo de Guanajuato, donde se plantea alcanzar como mínimo un 3% de personas con discapacidad incluidas en sus dependencias y entidades.
Comunidades indígenas y afromexicanas
En el caso de la población que habla alguna lengua indígena, la gráfica muestra un dato especialmente relevante: aunque su tasa de participación económica es de 65.4%, idéntica a la de la población total, el porcentaje de pobreza multidimensional alcanza 66.3%, es decir, aproximadamente 120% superior al promedio nacional. Este contraste permite entender la relevancia de que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hayan sido incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de sus ejes transversales.
Es relevante reconocer que participar en la economía no significa necesariamente participar en condiciones de igualdad.
En estos grupos, el trabajo puede estar presente, pero no siempre se traduce en ingreso suficiente, seguridad social, acceso efectivo a derechos o movilidad social.
En el caso de la población afromexicana o afrodescendiente, la tasa de participación económica incluso supera a la población total; sin embargo, su porcentaje de pobreza multidimensional también es mayor. Esto obliga a mirar más allá del acceso al trabajo y preguntarnos por la calidad del empleo, las condiciones territoriales, el reconocimiento cultural, la discriminación estructural y la capacidad real de las políticas públicas para transformar esas condiciones.
Población LGBTI+
En relación con la población con OSIG LGBTI+, el punto más relevante es que ya se cuenta con un punto de partida de información estadística que permite dimensionar su situación y orientar intervenciones gubernamentales basadas en evidencia.
Por ejemplo, la participación económica a la par del dato de baja escolaridad muestra condiciones más favorables que las de la población general, una tasa muy cercana a la población en lo general de 64.6% y significativamente mejores que los grupos de población de referencia. Los resultados de la ENDISEG permiten identificar ámbitos específicos de intervención, por ejemplo, en la población con OSIG LGBTI+ hay una mayor satisfacción de su situación económica respecto a la población con OSIG normativa, pero es lo contrario en cuanto a la Relación familiar.
A manera de conclusión
El análisis por grupos poblacionales es una convención estadística útil: permite ordenar la información, dimensionar brechas y orientar decisiones públicas. Pero la realidad es más compleja que cualquier categoría. En la vida concreta, la discapacidad, el género, la edad, el territorio, la pertenencia indígena, la orientación sexual, la identidad de género, la escolaridad, la pobreza y las redes de apoyo interactúan de formas distintas. Cada persona, en cada situación, es única e irrepetible.
Por eso, el desafío para quienes trabajamos en torno a estas poblaciones, desde el quehacer público, el activismo o la responsabilidad social, no es sólo producir diagnósticos correctos. Es convertir la evidencia en decisiones. No basta con nombrar la inclusión, medir la desigualdad o reconocer derechos en abstracto. La tarea es más exigente: diseñar políticas con metas verificables, sostener acciones afirmativas, remover barreras concretas y asumir que cada dato representa una vida que no puede seguir esperando a que la igualdad llegue por inercia.
Bibliografía
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